Durante el devenir de la reunión parlamentaria que dirige el senador de Unión por la Patria Emmanuel González Santalla se aprobaron expedientes provenientes de Diputados, entre ellos el que impulsa la derogación del artículo 12, inciso g) de la Ley N° 6716, régimen legal de la Caja de Previsión Social para Abogados.
La propuesta, que reconoce la autoría del presidente del bloque de diputados de UP Facundo Tignanelli, pretende derogar un artículo de la Ley N° 6.716 del Régimen Legal de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires, que obliga al letrado a contribuir con una “carga económica adicional” del 10 % del importe de la Tasa de Justicia.
La contribución que hacen los abogados que se pretende reducir, en la jerga también se la denomina como “sobretasa de justicia», porque efectivamente se calcula sobre la Tasa de Justicia que rige en el Poder Judicial, aunque el destino es la Caja de Previsión Social y no el erario público.
El proyecto de ley refiere al actual recargo que existe sobre la tasa de Justicia, el cual se propone reducirlo del 10 % al 5 %.
Esta contribución no se destina al sistema judicial, sino que se asigna al Fondo Solidario de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires.
Su pago es obligatorio para todos los ciudadanos como requisito para acceder al sistema de Justicia, y se entiende que esto dificulta el inicio y la continuidad de procesos judiciales debido a los “altos costos”.
Esto atenta contra “el principio de acceso a la Justicia”, garantizado en la Constitución Nacional, según estiman los impulsores de la modificación.
Por este motivo, la iniciativa aprobada por los diputados tiene como principal objetivo «reducir las barreras económicas que actualmente enfrentan quienes necesitan acceder a la Justicia» en la provincia.
Asimismo, el proyecto aprobado en Diputados y que obtuvo despacho de mayoría en la estratégica Comisión del Senado estipula que los fondos de esta sobretasa deberán ser destinados al pago de prestaciones de los afiliados y “no para viáticos, gastos operativos o administrativos” que producen los dirigentes del ente previsional.
De todas formas, la iniciativa que encuentra resistencia en algunos sectores que la consideran incosulta y vista con un principio de desfinanciación del organismo profesional tuvo el voto positivo de la mayoritaria parcialidad oficialista y sigue su transito hacia el recinto de la Cámara revisora.
Seguidamente, en otro orden, los integrantes de la Comisión de ACA aprobaron distintos expedientes de Declaración, entre ellos uno de “repudio a la proscripción política” que estaría soportando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al intento de magnicidio acaecido hace tres años.
Del mismo modo que en el primer proyecto de Ley considerado, fue aprobados con despacho de mayoría constituidos con las voluntades del oficialismo, sin acompañamiento de los senadores de los bloques opositores que conforman la Comisión.
Cabe recordar que la comisión está constituida por 15 miembros; además de González Santalla, la integran los senadores del UP Gustavo Soos, Amira Curi, Gabriela Demaría, Sergio Berni, Adrián Santarelli, Safía Vannelli, Luis Vivona.
También forman parte del organismo los senadores opositores Marcelo Daletto, Sergio Vargas, Alejandro Rabinovich, Alex Campbell, Marcelo Leguizamón, Juan Rico Zini y Ariel Martínez Bordaisco.
Por último, en el transcurso de la reunión, la senadora de Unión por la Patria María Rosa Martínez se apersonó junto a la abogada del movimiento nacional de empresa recuperadas Gisela Bustos que impulsa la modificación e incorporación de artículos de la normativa 5708, Ley General de Expropiaciones, a fin de avanzar con la institucionalización de fondo este tipo de experiencia.
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